Noticias del mes de febrero
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CalMatters reporta que la asambleísta republicana de San Diego Marie Waldron y el senador demócrata de San Francisco Scott Wiener están impulsando proyectos de ley para permitir que los adultos mayores de 21 años usen drogas psicodélicas, incluidos hongos psilocibina, MDMA DMT y mescalina para tratar enfermedades mentales. NUHW apoya el proyecto de ley de Wiener y un terapeuta representado por NUHW se ha puesto en contacto con la oficina de Wiener para ayudar a brindar orientación.
Harris & Harris, una agencia de cobro de deudas contratada por Providence, acordó pagar $1 millón para resolver las acusaciones de que la compañía cobró ilegalmente pagos médicos de alrededor de 166,000 pacientes de Washington sin brindarles información sobre sus derechos cuando enfrentan deudas médicas, informó Becker’s Hospital Review. Providence acordó recientemente proporcionar $157.8 millones en reembolsos y alivio de la deuda a pacientes de bajos ingresos como parte de un acuerdo con la Oficina del Fiscal General del estado, que presentó su demanda contra Providence en febrero de 2022 y luego amplió la demanda para agregar a Harris & Harris. y la otra agencia de cobro de deudas del sistema de salud, Optimum Outcomes.
La California Teachers Association destacó el papel clave de NUHW al ayudar a organizar la conferencia de prensa del mes pasado con maestros, estudiantes y padres de Glendale sobre la amenaza de que los activistas anti-LGBTQ+ se afianzaran en la junta escolar local.
Citando el déficit presupuestario, el presidente de la Asamblea de California, Robert Rivas, puso en duda el proyecto de ley AB 2200, llamado Atención Médica Garantizada para Todos, la última propuesta para crear un sistema de salud estatal de pagador único. Según Los Angeles Times, el proyecto de ley del asambleísta Ash Kalra se basa en su anterior legislación de pagador único, que no logró obtener suficientes votos para avanzar en enero de 2022. El año pasado, el gobernador Newsom firmó un proyecto de ley del senador estatal Scott Wiener que sentó las bases para la atención médica universal al ayudar a California a obtener una exención del gobierno federal para utilizar los fondos de Medicaid y Medicare para un posible sistema de pagador único. El proyecto de ley pretendía ser un paso gradual para abordar algunos de los obstáculos logísticos que habían obstaculizado propuestas anteriores de reforma radical.
Politico reporta que el senador estatal demócrata Anthony J. Portantino ha reintroducido su proyecto de ley que proporcionaría beneficios de seguro de desempleo a los trabajadores en huelga. La SB 1116 está patrocinada por la Federación Laboral de California y escrita conjuntamente por la senadora María Elena Durazo. El gobernador Newsom vetó una versión anterior del proyecto de ley alegando que el estado no tenía suficiente dinero para financiarlo.
Según ABC7, CalOptima, una agencia de seguros médicos que administra el programa Medi-Cal en el condado de Orange, rescindirá los contratos de cuatro hospitales comunitarios Prime Healthcare en el condado, incluido West Anaheim Medical Center (donde NUHW representa a una gran cantidad de trabajadores), Garden Grove Hospital Centro Médico, Hospital Intercomunitario de La Palma y Hospital Huntington Beach. Más de 300 pacientes de CalOptima firmaron una petición en línea, instando a la compañía a reconsiderar su decisión y la firma del abogado Lloyd Bookman presentó una demanda contra CalOptima en nombre de ocho miembros de OC CalOptima para tratar de detener la terminación.
La ley de California conocida como Ley General de Procuradores Privados (PAGA), que permite a los trabajadores que creen haber sido víctimas de robo de salario u otros abusos en el lugar de trabajo demandar a sus empleadores no sólo por ellos mismos sino también por otros trabajadores, puede estar en peligro debido a una iniciativa respaldada por los grupos empresariales que buscan reemplazarla y que aparecerá en la boleta de las elecciones de noviembre, informa Governing.com. Cada año, la ley permite a los trabajadores, en su mayoría con salarios bajos, recuperar unos 40 millones de dólares de aproximadamente 30,000 reclamaciones salariales presentadas ante el comisionado laboral estatal.